¿Necesitan los organismos públicos una política específica sobre redes sociales?
Es
tal la inmersión de la población en el mundo de las redes sociales
(RRSS) que en ámbitos como el empresarial comienzan a establecerse una
serie de líneas maestras a seguir en el uso de las mismas por parte de
los empleados. Se establecen pautas considerando dos niveles: uno privado, del trabajador como individuo y uno corporativo
de ese mismo empleado como perteneciente a una organización o compañía.
Aparte, obviamente, está la gestión de marca, de la comunidad en torno a
la propia empresa, que será normalmente tarea de un community manager. Por ejemplo, fuera de nuestras fronteras hemos encontrado que la ABC, la televisión pública australiana, tiene un compendio
medianamente extenso de normas en relación a las redes sociales a
seguir por sus empleados, tanto temporales como indefinidos, así como
por colaboradores ocasionales y becarios. En ellas se recogen incluso
las medidas a adoptar en caso de incumplimiento.
En España y concretamente en lo relativo a los organismos públicos, observamos que cuando se habla de los Derechos de los ciudadanos en el Artículo 6 de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en el apartado k)
se otorga plena libertad a la forma en la que éstos pueden relacionarse
con la administración. Sin embargo, en la práctica sabemos que no
siempre es así o que no todo está ya hecho. Algunas instituciones, como
la del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
comienzan a tener usuario propio de Twitter a través de los cuales
difunden noticias y otra información útil, como ofertas de empleo, etc…
En el caso de la policía como institución pública encargada de velar por el orden es posible incluso la presentación de denuncias a través de Twitter y Facebook.
En la interacción a través de las redes sociales entre las instituciones y administraciones públicas y el ciudadano es primordial la bidireccionalidad en la comunicación, como señala Rafael Chamorro creador de Sociedad en red.
Es decir, el ciudadano tiene que poder manifestarse y disfrutar de
ciertos servicios a través del medio que considere oportuno, pero la
verdadera utilidad de las redes no será evidenciada si sus
requerimientos no encuentran respuesta. Rafael Chamorro destaca el Twitter de La Moncloa (@desdelamoncloa) precisamente como usuario bien gestionado en su momento, que no deja en el aire o sin contestación cuestiones pendientes.
Si evaluamos un nivel intermedio, entre corporativo y personal, para
el personal trabajando en las administraciones públicas, podemos reseñar
hitos notables dentro de las RRSS como la creación de GOBLOnet,
red social que supone la conexión entre gobiernos locales y a través de
la que puede interaccionar todo el personal interesado en la
administración local (funcionarios, empleados en general, alcaldes
concejales, proveedores, consultores, estudiantes, etc…).
Son muchas aún las cosas por hacer, pero quizás una de las más prioritarias es establecer una serie de normas. Viendo que el uso de las redes
no es para nada residual dentro de las instituciones públicas, quizás
cierta legislación (exenta a ser posible de cualquier sesgo político o
ideológico) ayude a un crecimiento sostenible y saludable. De las
consecuencias de no tenerla hablaremos en próximos posts.
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